En una nueva medida destinada a reorganizar las finanzas públicas, el Gobierno argentino ha anunciado la disolución del Fondo Fiduciario Público “Pro.Cre.Ar”, un programa que, desde 2012, buscó facilitar el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos hipotecarios.

Los motivos que llevaron al presidente Javier Milei para la disolución del Fondo Pro.Cre.Ar apuntan a que este fondo ha representado una carga significativa para las finanzas públicas, y sus operaciones no cumplieron con los objetivos de transparencia y eficiencia esperados. Entre los problemas detectados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se destacan:

– Demoras en la entrega de viviendas, que generaron costos adicionales en mantenimiento y vigilancia.
– Problemas de habitabilidad en las unidades entregadas, lo que se tradujo en reclamos constantes de los beneficiarios.
– Falta de transparencia y eficiencia, que contrasta con la necesidad de mejorar la administración pública en tiempos de recortes presupuestarios.

El Rol del Estado en el financiamiento de viviendas

El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.

El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Pro.Cre.Ar y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.

Además, los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.

Una de las principales preocupaciones de los beneficiarios actuales de Pro.Cre.Ar es qué ocurrirá con sus créditos hipotecarios. En respuesta a esto, el decreto establece que el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.

La disolución de Pro.Cre.Ar marca un cambio en la política de vivienda en Argentina. La medida busca redirigir los recursos hacia áreas donde el Estado pueda ser más efectivo y donde la administración pública sea más eficiente, alineada con la Ley 27.742, que establece bases para la reforma del Estado.

Por otro lado, el sector bancario e inmobiliario podría ver un aumento en la demanda de créditos hipotecarios a medida que el acceso a viviendas vuelva a depender mayormente de las instituciones financieras. Esta medida también abre un nuevo escenario para aquellos que buscan acceder a una vivienda en Argentina, quienes deberán recurrir cada vez más al sector privado para concretar su sueño de la casa propia.

Fuente: Noticias Argentinas