Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina se sumaron a la discusión parlamentaria con respecto al paquete de leyes de reforma económica que plantea el presidente Javier Milei. En ese sentido, enviaron una carta hacia el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, para explicitar los riesgos que significa esta dirección política para con la industria aceitera.

En una carta firmada por el presidente Gustavo Idigoras, desde CIARA señalaron los riesgos que presenta este paquete de leyes para la industria aceitera. “El gobierno no logrará alcanzar su objetivo de mayor recaudación fiscal, sino todo lo contrario, y pondrá en riesgo el valor agregado nacional, que en definitiva es empleo y producción argentina”, sostuvieron.

En primer punto, desde la cámara hacen referencia a la “sección VI” sobre Derechos de Exportación, donde se promueve igualar el porcentaje de “retenciones” en el derecho a la exportación e igualar tanto la materia prima como los productos refinados, y pasar estos últimos de abonar una suma del 31% al 33%.

Como se ha explicado anteriormente, el gobierno planea que las retenciones sean igualitarias tanto para el aceite de soja como para el poroto en sí, sin tener en cuenta la cadena productiva que hay detrás de la producción de los refinados de la soja, proceso productivo realizado mayoritariamente por las empresas del cordón industrial.

“El gobierno espera erróneamente incrementar sus ingresos fiscales, pero desconoce que la suba de impuestos provocará una menor molienda de soja, con la consecuente reducción de las exportaciones de los bienes industrializados. Esta situación, generará una caída en el ingreso de divisas y por lo tanto de los ingresos fiscales. En adición a lo antes mencionado, esta medida promoverá una primarización de las ventas al exterior, al generar beneficios a empresas que no procesan en Argentina y venden el poroto de soja a un único comprador mundial que es China. Con el agravante que el país asiático prefiere la calidad de la soja brasilera por su nivel más alto de proteína”, graficaron desde CIARA.

Como resultado de aprobarse estas medidas, para CIARA “se pondrá en riesgo los ingresos de las 22.500 familias que trabajan en la industria y de las 54.000 de la actividad portuaria, transportistas, acopiadores, cooperativas, productores y empresas de insumos, así como los ingresos de las provincias donde se produce y procesa la soja”.

En términos geopolíticos y estratégicos de la República Argentina en el mercado de bienes global, la sanción de este paquete de leyes va en detrimento de la relación de competencia que el país tiene con Brasil y en menor medida con Estados Unidos, “y se promoverá las inversiones en países que hoy son destino de nuestras exportaciones, para que ellos mismos procesen la soja en vez de hacerlo en el nuestro”.

“Argentina perderá, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario y de consultores privados, entre 1.700 a 2.000 millones de dólares de ingresos de divisas al caer los volúmenes de las exportaciones de productos industrializados de la soja y girasol y el valor FOB de los bienes exportados”, añadieron.

De este modo, desde CIARA solicitaron al Frente de Todos que vote en contra de la aplicación de la Ley Ómnibus, pero también solicitaron una “fecha cierta de baja de retenciones” a los productos agropecuarios que se exportan.