Con cese de tareas, estatales rosarinos salieron nuevamente a las calles pese al silencio cómplice de las autoridades gremiales provinciales. Hoy, ATE Santa Fe y UPCN son los únicos que no realizaron medidas pese a haber tenido una sola reunión, no contar con propuestas y mantener al 80% de sus integrantes bajo la línea de pobreza. “Esto no da para más”, dijo la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón.

Transitando la última quincena de marzo, estatales de la provincia no tienen una propuesta salarial para el 2024. El gobierno, que abrió en enero las conversaciones paritarias solo para alardear, ya les ‘comió’ poder adquisitivo retrasando el pago de la deuda de 2023. Con un 36,6% de inflación sólo en  los dos primeros meses del año, la propuesta del gobernador Pullaro fue del 9% a la docencia. Propuesta que, se sabe, se replica en el resto de la administración pública provincial.

Así las cosas, en una ciudad sitiada por las amenazas, los asesinatos y las balaceras, la postura del gobierno provincial parece ser la del desgaste. Una actitud de una insensibilidad y una imprudencia notable: por un lado, porque hay quienes cobran un tercio de lo que se necesita sólo para mantener una canasta alimentaria familiar. Por otro, porque a quienes se condena a reducción salarial, falta de cargos, de recursos e infraestructura, son las personas que cada día ponen el cuerpo en los territorios para conectar a la población con lo vital, con lo comunitario.

Es por eso que la bronca saltó fuerte este martes en el cese de actividades y movilización unitaria entre ATE Rosario, Amsafe, Sadop y Siprus. Desde Plaza 25 de Mayo a la San Martín, miles de voces agitaron consignas como “plata hay”, “el hambre es un crimen”, “la lucha que se pierde es la que se abandona” y “basta de ajuste”.

“Exigimos a los gobiernos que se pongan a resolver el problema de la seguridad, y la única manera de resolverla es con más presencia del Estado en los lugares de trabajo, con más cargos, con más presencia de todos los sectores del Estado. Y generando los puestos de trabajo que necesitamos”, dijo Almirón en un fuerte discurso.

De cara a Maximiliano Pullaro y ante la sede local de su gobierno, le planteó tres puntos: “que pague la deuda del 2023”, “que pague a los reemplazantes que no están cobrando” y que “el aumento salarial tiene que ser un 60%, mínimo. Acá no tenemos que regirnos por la recaudación, sino por la inflación para actualizar, que es lo mínimo”. Y alertó que según el reciente dato de la Junta Interna de ATE Indec, el salario mínimo para cubrir necesidades elementales de una familia debió ser de $1.049.820.

Sobre el tema de la violencia, la dirigenta analizó que “no se resuelve solo con los protocolos, ni con meter decenas y decenas, miles de milicos en la calle, porque no nos cuidan para nada, los únicos que nos cuidan no somos nosotros, estamos pensando en multisectoriales, en comités en distintos espacios para poder salir de esta situación”.

Finalmente, Almirón consideró fundamental que se democratice la paritaria y se defina la aceptación o no por el voto de las bases de la provincia. “Estamos comiendo una vez al día con estos sueldos. Hay que elegir si pagar el alquiler o alimentarse y vestirse. Entonces no puede haber cuatro personas que cierren las condiciones de vida de decenas de miles a sus espaldas. En ATE deben definir las y los estatales”, concluyó sobre la reunión paritaria de este miércoles.