Andrés Pillín Bracamonte y Carlos Vergara, junto a otras seis personas vinculadas a la delegación San Lorenzo de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina fueron imputados y detenidos bajo prisión preventiva, no así el líder de la barra brava de Rosario Central, quien quedó en libertad bajo fianza.

La audiencia fue celebrada este viernes por la mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con los 8 imputados presentes aunque solamente dos de ellos quedaron finalmente en libertad.

Los fiscales Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y César Pierantoni encabezaron la investigación para determinar los roles y los hechos delictivos que ponen a Vergara y Bracamonte como jefes de una asociación ilícita y extorsiones.

Por otra parte, Fernando R., Roque M., y Horacio M., fueron imputados por ser miembros de esta asociación ilícita; Carlos P., Juan Manuel E., y Cristian D., por extorsión, estos dos últimos también por amenazas.

Los hechos que expuso el tridente de auxiliares de la Justicia comienzan en 2018, cuando Bracamonte y Vergara, comienzan a estrechar vínculos: la barra de Central funcionaría como brazo de fuerza para perpetrar el poder del sindicalista dentro del gremio sanlorencino.

Ese mismo año Bracamonte y Fernando R. constituyen Vanefra, una empresa dedicada al alquiler de baños químicos, la cual comienza a ser contratada en obras donde hubo personal de la UOCRA en los trabajos a elaborar.

Pasa el tiempo y a mediados de 2021, ambos, a nombre de la esposa de R., fundan una nueva empresa denominada Ferce SRL., al tiempo que Vanefra se renombra a ATE Servicios Integrales SRL, ambas declaradas en la AFIP como empresas prestadoras de servicios de viandas.

Los fiscales entienden que Fernando R., se dirigía a las empresas donde trabajaban empleados de la construcción afiliados a la UOCRA y como una especie de “veedor” sugería a los contratistas la contratación de estas empresas para los almuerzos de los empleados como así también la de los baños químicos que aún manejaban.

Horacio M., Juan Manuel E., y Cristian D., cumplían la misma tarea en la localidad de Villa Constitución, en  donde también tiene jurisdicción el sindicato sanlorencino. El primero de ellos también era el “brazo recaudador” personal de Vergara.

El resto de los imputados también conformaba la asociación ilícita pero ya en un “segundo peldaño”, según la investigación de la Fiscalía.

Vergara y las extorsiones

La Fiscalía investiga dos casos donde el sindicalista sanlorencino produjo aprietes y extorsiones. El primer de ellos data de junio de 2022, cuando Vergara intimidó al socio gerente de una empresa fiduciaria de un fideicomiso a realizar un recibo de cancelación total por la compra de una unidad en un edificio que personal del gremio estaba construyendo en Villa Constitución.

El 4 de diciembre de 2022 se firma, con la rúbrica del gerente de la empresa, el documento donde se deja constancia de haber recibido los 180.000 dólares que costaba la unidad.

El otro hecho data el 8 de septiembre de este año, cuando Vergara, Juan Manuel E., y Cristian D., se dirigieron a Villa Constitución con otras 50 personas e irrumpieron en una reunión gremial. Allí se encontraba L.G., otra de las personas investigadas por la Fiscalía, quien “en carácter prepotente y provocador, haber amenazado a la víctima y a las personas que se encontraban en el lugar, ordenándoles que debían declarar en contra de los trabajadores que forman parte de la bolsa de trabajo y que el día anterior se habían presentado a pedir puestos de trabajo de los que estaban siendo de la UOCRA de Villa Constitución, excluidos, porque de lo contrario, ellos sabían dónde vivía cada uno, quiénes eran sus familias, y que los iban a salir a buscar”.

Aprietes de la UOCRA

Son, además de los ya mencionados, otros tres los aprietes e intimidaciones que la Fiscalía tiene o tuvo en consideración para realizar la imputación.

Carlos P., como “colaborador” del gremio, intimó al gerente de compras de la empresa Pulzoni SA para que entregue un millón de pesos para no cortar los trabajos en la obra donde estaban trabajando.

Juan Manuel E. y Cristian D., en Villa Constitución, privaron de su libertad a un capataz dentro del gremio de la UOCRA. “Una vez allí lo intimidaron y amedrentaron con el fin de obligarlo a realizar la entrega de una camioneta. Posteriormente, una semana después, consultaron si había tenido novedades del vehículo y ante la respuesta negativa, le manifestaron amenazas a la víctima”, explicaron.