El fiscal Miguel Moreno realizó la presentación ante la Oficina de Gestión Judicial, luego de tres años de investigación. La agroexportadora entró en default a fines de 2019.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, que conduce Miguel Moreno, acusó formalmente este viernes de estafa y asociación ilícita a los ex directivos de Vicentin, la agroexportadora que entró en default a fines de 2019.

En la presentación que se realizó ante la Oficina de Gestión Judicial, se detallan y amplían las imputaciones formuladas en octubre de 2021 y mayo de 2023. Estos cargos caen sobre Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Omar Scarel, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Javier Gazze y Miguel Vallaza.

El caso que tramita la justicia penal tuvo un nuevo capítulo a semana pasada, cuando se ordenaron y llevaron adelante allanamientos en oficinas de la empresa en Rosario, Avellaneda y Reconquista. Se realizaron tras la denuncia ante la Fiscalía por parte de que un grupo de accionistas de la cerealera en default, que acusaron a los miembros del directorio por administración fraudulenta.

En mayo pasado, la Fiscalía imputó a los directivos por asociación ilícita destinada a la “planificación y comisión de una pluralidad de delitos”, entre los que se encuentran defraudación, estafas y administración infiel.

En ese momento, el fiscal Moreno acusó a esta asociación de poner en marcha una “planificación” orientada a “simular” el bienestar financiero y contable de Vicentin, ocultando su pasivo para “conseguir líneas crédito, obtener desembolsos de los bancos y continuar con la captación y recepción de granos”. Eso ocurrió al mismo tiempo que se comenzó a “administrar infielmente el capital” de la empresa, fugando recursos a través del entramado de empresas vinculadas. Y señaló que este entramado delictivo comenzó a operar en 2017, cuando la empresa empezó a manifestar problemas económicos que no se exteriorizaron a proveedores y prestamistas. Los delitos que se le imputaron son los siguientes:

• Seis hechos de estafa, en concurso real, cometidos entre el año 2017 y 2019, contra los bancos internacionales, con un perjuicio de u$s 500 millones.
• 37 hechos de estafa contra productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores. La Fiscalía denunció un plan para mostrar a Vicentin como empresa solvente y confiable, de modo de lograr que le entregaran granos con precio a fijar y en depósito sin contrato, “con el pleno conocimiento de los directores y síndicos sobre la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.
• Un hecho de estafa contra el Banco Macro, a través de la entrega de documentación con información contable falsa.

En lo que tiene que ver con administración fraudulenta, mencionó siete hechos:

• El 3 de diciembre de 2019, el órgano de dirección ordenó concluir la venta y transferencia a Renaico BV de las acciones que Vicentin Saic (Sucursal Uruguay) tenía sobre la empresa Renova, representativas del 16,67% de su capital social. Esta operación, que involucró a la joya del grupo, se gestionó a pocas horas de la declaración pública de estrés financiero y despojó a Vicentin de uno de sus activos más importantes. “La negociación se caracterizó por la falta de transparenciaa”, señaló el fiscal.
• La entrega a Roberto Gazze la suma de u$s 1.000.000 para que realice un aporte irrevocable en “El Liquidambar S.A.S.”, una sociedad que constituyó en 2019.
• 48 horas después de la comunicación de cesación de pagos y 18 días hábiles antes de presentarse en concurso preventivo, los integrantes del directorio aprobaron la venta de las acciones de Tastil SA en favor de la sociedad “Losagor SA”, procurando “un lucro indebido en favor de esta última por u$s 1.600.000 y perjudicando la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores”.
• Aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital en favor de Emulgrain.
• El 26 de octubre de 2018, el directorio aprobó el aporte irrevocable por la suma de u$s 786.793,25 “a cuenta de futuras emisiones de acciones” a favor de Playa Puerto.
• Al momento de presentar la nómina de acreedores de Vicentin en el proceso concursal, el directorio ordenó asumir una deuda ajena de u$s 12.900.366,40 (equivalente a 30.218.613 kilos de soja) que correspondía a Renova.
• Administración fraudulenta en perjuicio de Commodities, en virtud de las 55.608.090 kg. de soja, depositadas en las instalaciones de Renova entre el 31 de mayo y el 11 de noviembre de 2019.

La investigación penal en los tribunales rosarinos es la que más avanzó dentro de un abanico de causas abiertas en la Justicia federal con sede en Comodoro Py, Santa Fe y Reconquista. “Más de 500 páginas, evidencias contundentes y tres años y medio de la investigación más ardua y pulcra en la historia de la justicia penal de la provincia”, señaló el abogado querellante Gustavo Feldman, quien presentó las primeras denuncias en 2020, como representante de acreedores afectados.

Fuente Nota Diario La Capital