La Fiscalía de Delitos Complejos centró parte de su acusación en las maniobras de la conducción de la empresa para ocultar la crisis.

En el transcurso de tres años de investigación, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja construyeron una acusación contra los ex directivos de Vicentin, que se fue anticipando en sucesivas audiencias imputativas. La conclusión principal del trabajo es que el sorpresivo default de 2019 no fue producto de una crisis repentina sino la exteriorización de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería, mayormente bajo la modalidad conocida como “a fijar precio”. Una operación utilizada en el comercio de granos por la cual el comprador recibe el producto y lo paga en un futuro. Llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. Balances falsos, simulaciones y un desordenado flujo de fondos entre la concursada y un entramado de empresas vinculadas, forman parte del mecanismo que el Ministerio Público de Acusación considera que se utilizó para construir una estafa en la que se tomaban recursos de bancos y vendedores, aun en medio de una situación financiera complicada, que luego se perdían en el laberíntico mundo de sociedades ligadas a la firma. Algunos de los puntos que se señalan dentro de las 500 páginas del escrito presentado el viernes.

La acusación

La Fiscalía de Delitos Complejos acusa a los ex directivos de Vicentin de “haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales, con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, que contenían información financiera falsa” para ocultar el verdadero pasivo de la empresa. También los acusa de confeccionar y presentar ante cinco bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a los períodos entre enero 2017 y julio de 2019 que exhibían una aparente sólida situación patrimonial, con el fin de “ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los u$s 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas”.

Tiempos de balances

Todas las denuncias tienen origen en el sorpresivo anuncio por parte de Vicentin en el mes de diciembre de 2019 de la cesación de pagos atribuido a un “estrés financiero”, que derivó en la solicitud de concurso preventivo. “Para tomar dimensión de la falta de colaboración de Vicentin SAIC para con el desarrollo del concurso preventivo por ella solicitado, diremos que Vicentin se concursó en fecha 20/02/20 presentando el último Balance con 9 meses de retraso”, señalaron los fiscales.

La “sorpresa” del estrés financiero

La Fiscalía señala que por 11 trimestres, desde noviembre de 2016 hasta julio de 2019, es decir durante 11 trimestres, Vicentin expuso en su información financiera un activo corriente que venía creciendo de manera consistente, promediando los u$s 1.000 millones entre julio de 2018 y julio de 2019. Ello significó exhibir “una empresa sólida, confiable, que cumplía los requisitos para acceder a financiación bancaria y que era elegida por sus 1.800 proveedores para entregarle granos de cereal”. Pero ese imperio registró una “notoria caída en el último trimestre sobre la base del balance al 31 de octubre de 2019”, que Vicentin presentó el 21 de septiembre de 2020. Es decir que, según el reporte de la empresa, en tres meses registró una pérdida del patrimonio neto de u$s 909,9 millones.

Esta destrucción del patrimonio neto, encuentra explicación en dos causas:

a) la caída de los inventarios de materia prima: en octubre 2018 ascendían a u$s 455 millones (1.344.216 toneladas), y en octubre 2019 a u$s 29,9 millones (180.180 toneladas), Una disminución del 93%.

b) el aumento en las deudas comerciales (proveedores granarios): de octubre de 2018 a octubre 2019, las deudas comerciales registran un aumento del 618%. El mayor incremento se produjo en el rubro “proveedores de materias primas”, que pasan de u$ 32,4 millones a u$s 571,1 millones, lo que representa un aumento del 1.664%.

El engaño

La mayor parte de la compra de materia prima granaria, Vicentin la realizaba a través de los contratos denominados “a fijar precio” . La Fiscalía destacó que el registro contable de estas operaciones “debe reflejar que la mercadería ha dejado de pertenecer al vendedor (productores, acopiadores y cooperativas) y que el adquirente (Vicentin) tiene un pasivo con aquel”. El inventario adquirido debe ser reflejado en cuentas del rubro Bienes de Cambio y la deuda dentro del

pasivo, en el rubro proveedores. “El pasivo sólo desaparece cuando es extinguido por alguna de las formas de cancelación de las obligaciones”, aclaran.

El tema es que hasta el balance de octubre de 2019, cuando Vicentin “transparenta su verdadera situación económica y financiera”, se omitió el registro de las mercaderías con precio a fijar como deudas en el pasivo, aunque al mismo tiempo se consideraba a esas mercaderías como propias.

“Tal maniobra implicó que en los ejercicios 2017 y 2018, unas 2,18 y 1,76 millones de toneladas de granos que corresponden a precios fijados con posterioridad al 31 de octubre de dichos años, y con fecha de recepción anterior, habrían sido omitidas de ser reveladas como deudas con proveedores granarios por un monto que asciende aproximadamente a u$ 463 millones en 2017 y a u$s 395 millones en 2018”, señalaron.

De acuerdo a la acusación, estas conductas fueron deliberadas por parte del directorio. Y muestran como evidencia las planillas nombradas “Saldos semillas”, obtenidas de un allanamiento, en el que se detalla la cantidad de granos pendientes de fijar precio, a una fecha.

“A fin de ocultar la verdadera situación de la empresa y consolidar el engaño, los imputados recurrieron a maniobras que comprenden el ocultamiento de información, la confección de informes y balances falsos, la generación de comunicados y publicidades que pregonaban una empresa saludable, rentable, con el fin de generar en los denunciantes una falsa creencia de solidez económica y financiera, y que estos continuaran con los desembolsos millonarios”, indicaron.

El entramado Vicentin

Para los fiscales, las maniobras destinadas a dar esta imagen no se limitaban a ocultar el pasivo. Advierten también el uso de transferencias de dinero con empresas non core (pertenecen al grupo económico y se caracterizan por desarrollar actividades secundarias o accesorias a la actividad principal) para aumentar el activo “justamente al momento del cierre de los ejercicios contables anuales”.

“Evidencia de ello son las transferencias de activos desde Vicentin hacia empresas vinculadas entre los meses de noviembre a agosto de 2017 y 2018, flujo que llamativamente “regresaba” a Vicentin en septiembre y octubre para abultar el activo a la fecha de cierre del ejercicio y, no casualmente, volvía a las empresas denominadas “non-core” una vez cerrado el balance”, indicó.

Como evidencia se cita un correo electrónico que el 19 de octubre de 2019 Alberto Macua envía un correo electrónico a Javier y Roberto Gazze con copia a Omar Scarel, Sergio Nardelli y Marta Gazze donde expresa: “Al 30-09-2010 Friar le debe a Vicentin aprox. $ 245 millones. Más allá del problema de dónde están los fondos, ahora me preocupa la cuestión formal de cierre”.

El Ministerio público señaló que en enero y febrero de 2018 se presenta la situación más compleja desde el punto de vista financiero porque concurren, de manera combinada, el punto más bajo en el nivel de ingresos provenientes de exportaciones sumado a un nivel alto de erogaciones. “Es precisamente en estos dos meses que la concursada obtuvo desembolsos por más de u$s 200 millones, sin los cuales no hubiese podido afrontar el nivel de erogaciones que tuvieron lugar en este punto”, agregó.

Auditorías

Entre las múltiples pruebas, testimonios y documentos que presentan los fiscales, un informe medular es el de la auditoría forense realizada a pedido del comité de control del concurso. Esa auditoría señaló en su informe que “la verdadera situación de la Concursada se transparenta en el último trimestre del ejercicio 2019”. Otra investigación realizada por investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti concluye que “la crisis de Vicentin se habría producido por un proceso de sobreendeudamiento ocultado por sus directivos y no por la falta de rentabilidad en sus operaciones comerciales”. Y que “la liquidez ficticia” que se había generado en los balances hasta el año 2019, debió ser “sincerada” en el último balance presentado.

“Por lo expuesto se observa que la situación de estrés financiero hacia fines del ejercicio 2019, que la concursada sostiene como argumento para abrir el proceso concursal, no es sino el desenlace de un deterioro que se venía gestando al menos desde principio del año anterior”, señalaron desde la Fiscalía.

Renova

La relación entre Vicentin y Renova, la mayor planta de procesamiento de soja en el mundo y joya del emporio caído, está en la mira de los fiscales. El 3 de diciembre de 2019, un día antes de declarar el estrés financiero, los integrantes del directorio dispusieron la venta y transferencia a RENAISCO BV (Renaisco) del 100% de las acciones que Vicentin SAIC Sucursal Uruguay tenía sobre la empresa Renova S.A, representativas del 16.67% de su capital social y voto. Finalmente la operación se concretó por u$s 122.700.000.

“Los imputados dispusieron la venta y transferencia de acciones de Renova un día antes de declarar el estrés financiero. En ningún momento dieron cuenta ni analizaron el motivo de la venta ni cuál sería el destino de los fondos, como así tampoco hicieron mención de la grave situación económica y financiera que atravesaba la empresa, justamente concretaron esta operación horas antes de hacer público el “estrés financiero”. Por ello, la disposición de la venta del paquete accionario de Renova, que representaba uno de los mayores activos de Vicentin, es considerada por este Ministerio como un primer acto de administración fraudulenta”, acusaron los fiscales.

A su juicio, esta operación tuvo como fin “el desprendimiento por parte de Vicentin de uno de sus activos más importantes, negociación que se caracterizó por la falta de transparencia y por ser contraria a conservar o mejorar la situación patrimonial de la empresa”. Por el contrario, “afectó la integridad del patrimonio de la firma, y otra de las consecuencias fue que perjudicó la posibilidad de negociación con los eventuales acreedores que se presentarían a verificar sus créditos en el concurso preventivo, con el peligro concreto de conducir a Vicentin a una futura quiebra y el perjuicio que ello conllevaría a la sociedad y sus socios”.

La venta se realizó a un socio comercial de Vicentin, a la empresa Renaisco, que pertenecía al entonces llamado Grupo Glencore, actualmente Viterra. Cabe resaltar que Glencore y Vicentin compartían, hasta el momento de la venta, en partes iguales el paquete accionario y dirección de Renova atento que cada uno conservaba el 50% de las acciones.

Por otra parte, el dinero obtenido por la venta de Renova no se destinó a resguardar el patrimonio sino que, en parte, “fue utilizado y distribuído por los imputados en beneficio de otras empresas del grupo económico de Vicentin”.

Accionistas críticos

Ente las novedades de la acusación, la Fiscalía cita la declaración que realizaron en noviembre pasado Fiscalía Liliana y Daniela Hacen, titulares del 8% de las acciones de Vicentin. Señalaron que desconocían que la empresa se encontraba con dificultades financieras, y que el estado de cesación de pagos les fue comunicado por los directivos el día 4/12/2019, es decir el mismo día en que se hizo público el estrés financiero. Una de ellas refirió que llamaba la atención el nivel de vida que tenían los directivos, con relación al resto de los accionistas: “Casas, autos, barcos, departamentos, todo era mucho”; y que desde hace “años” no “les daban” dividendos en Vicentin.

Fuente: Diario La Capital