El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó este lunes que se condene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “jefa de asociación ilícita” y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa “Vialidad”.

Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que se la condene por este delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional durante su gobierno a favor del empresario Lázaro Báez, en Santa Cruz.

La ex vicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada” pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita.

El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.

Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la ex presidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al ex secretario de Obras Públicas José López.

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por “administración fraudulenta”

Villar reclamó al cerrar su exposición, que comenzó a las 11 y finalizó poco antes de las 13, que se revoquen las absoluciones a otros dos ex funcionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner; que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

Revisión

En la etapa de revisión en Casación que comenzó este lunes, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita “realizó los desvíos” de dinero y “se organizó para realizar estas defraudaciones”.

Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando “funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado” hacia el dueño de Austral Construcciones.

“Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido”, el ex ministro que resultó absuelto en el juicio por el Tribunal Oral Federal 2 pero que la fiscalía pedirá ahora condenar.

Báez “se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto”, dijo el fiscal al ex poner en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.

Subrayó que para lograr “el fin delictivo” se “construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz” y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un “razonamiento arbitrario” al descartar la asociación ilícita “a los cinco miembros”.