Por Carlos Del Frade.

Este miércoles 20 de marzo se cumplen 49 años de la invasión a Villa Constitución disfrazado como “Operativo Rocamora”. Cuatro mil integrantes de fuerzas parapoliciales, pagados por los directivos de Acindar, uno de ellos José Alfredo Martínez de Hoz, Vilber, Metcon y Marathon, secuestraron doscientas personas a partir de esa jornada. Casi medio siglo después, 77 personas están desparecidas.

Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, dijo en la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.
Por su parte, Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”. Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.
Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.
Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…”.
Aquella inversión en represión y secuestros fue retribuida.
La empresa fue favorecida durante la dictadura con las decisiones políticas económicas que impuso José Alfredo Martínez de Hoz, ex presidente del directorio de Acindar entre 1973 y 1976. Aquellos delitos de lesa humanidad generaron, además, una inestimable colaboración con el objetivo primordial del golpe de estado: desarticular la clase obrera y destrozar el derecho laboral argentino, la vieja aspiración del gran capital desde 1955 en adelante.
Acindar tuvo un endeudamiento por 652.193.000 dólares que fueron estatizados a días del final de la guerra de Malvinas.
En julio de 1982, a través de José Luis Machinea y Domingo Cavallo, en el Banco Central de la República Argentina, esa deuda privada se convirtió en estatal, pasando a formar parte del fenomenal endeudamiento del pueblo argentino cuando, en realidad, eran negocios particulares.
-Nosotros hicimos todo esto para favorecer el capital y la empresa privada – dijo en septiembre de 1977 Ramón Genaro Díaz Bessone, el mismo que había diseñado el mapa de los centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe entre 1975 y 1976. Su tarea la continuó Leopoldo Fortunato Galtieri. Acindar fue desaparecedora, productora de deuda externa y muchas veces desocupadora.