A través de un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno de Javier Milei lleva al transporte público y a la caja de jubilaciones de Santa Fe hasta un punto crítico, que pone en riesgo a ambos sistemas. Al menos, como funcionaron hasta ahora.

A través del decreto 280/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno nacional formalizó la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y de los anticipos que realiza la Anses a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional.

El DNU, que lleva la firma de todos los ministros del gabinete, modifica el presupuesto para la administración nacional para 2024. En rigor, el presupuesto de este año es una prórroga de la ley de ingresos y gastos de 2023. Atravesado por el debate de la campaña electoral, el Congreso nunca trató el proyecto que envió el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Sin embargo, el DNU de Milei señala que los artículos 81, 92, 93 y 94 de la ley 27.701 de presupuesto 2023 no entran en la prórroga.

El 81 estableció en ese momento un piso de 85 mil millones de pesos para subsidiar el precio del boleto de colectivo en el interior del país.

Según estimó el director del instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, en función de la inflación acumulada esa masa de recursos no debería ser menor a 250 mil millones de pesos.

“Los pasajeros del transporte colectivo tendrán que seguir cargando con el alza de precios en los pasajes y muchos gobiernos provinciales se verán obligados a reasignar sus propios fondos presupuestarios para atenuar esas subas”, señaló el ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En Rosario, la suba del boleto ya comenzó. El 8 de marzo el boleto aumentó de 340 a 700 pesos. El intendente Pablo Javkin utilizó la facultad que le había delegado el Concejo para incrementar la tarifa.

En el marco de una estrategia de presión con otros intendentes del país al gobierno nacional, desde el oficialismo local justificaron el aumento a partir del anuncio del gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior, que finalmente se efectivizó este miércoles, además de la suba del combustible y otros insumos. En febrero, el estudio de costos arrojaba un valor del boleto de 1.343 pesos.

La motosierra de la Anses

En tanto, el DNU de Milei también impacta sobre el sistema jubilatorio de Santa Fe.

Es que dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establece que la Anses “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.

Santa Fe es una de las trece provincias afectadas por la medida. Las otras son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. Ahora, esos distritos sumarán un nuevo foco de tensión para sus cuentas públicas.

Estrategia judicial de las provincias

Para Rodríguez, las provincias “deberían accionar de inmediato ante la Justicia”.

La base de la demanda, consideró el legislador con mandato cumplido, debería centrarse en que a través del decreto 88/2023 del gobierno de Milei, publicado el 27 de diciembre de 2023, se prorrogó el presupuesto 2023, con todas sus normas modificatorias y complementarias.

“Eso incluye los artículos 81, 92, 93 y 94 que ahora, con un extemporáneo DNU se pretenden invalidar a fines de marzo de 2024, con retroactividad y en plena ejecución del Presupuesto prorrogado. La pretensión del Poder Ejecutivo Nacional no pasaría un primer filtro grueso de legalidad”, opinó.

Por otro lado, agregó Rodríguez, los gobernadores podrían apoyarse en el argumento de los recursos no son “fondos discrecionales” de la Nación hacia las provincias, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Por el contrario, se trata de fondos perfectamente legales, cuya asignación ha sido regular y permanente durante años, respaldada en normas legales. Simplemente, se trata de fondos ‘no automáticos’, pero no de ‘fondos discrecionales’.

Fuente: La Capital