El pasado viernes el gobierno comunal de Oliveros se apersonó en las instalaciones del obrador de la empresa Vialagro, encargada de la construcción de la obra de desvío sobre la Ruta 91 a la altura de Villa La Ribera, por falta de presentación de la documentación correspondiente ante el gobierno local y procedió a la clausura.
Durante el fin de semana se tejieron muchas hipótesis respecto del accionar del gobierno que comanda el presidente comunal, Martín Calori. En algunos casos hasta trascendió que había intereses económicos y en otros que había falta de comunicación entre el gobierno local y las autoridades provinciales, lo cierto fue que la empresa que lleva adelante las obras jamás presento la documentación necesaria ante la comuna por donde pasa la mayor parte de la obra en cuestión.
La obra, que traerá la solución a los vecinos de Villa La Ribera, cuenta con varios inconvenientes que se deben solucionar para llegar a su conclusión final. A esta clausura temporal, que sería en menor de los problemas, se le suma el corrimiento del tendido de alta tensión que sale de las Termoeléctricas y abastecen al Servicio Interconectado Nacional de Energía Eléctrica, las servidumbres de paso, los usos de suelos, derechos de propietarios que tienen sus tierras sujetas a expropiación y que aún no han solucionado su situación por no haber llegado a un acuerdo económico respecto de la tasación de sus inmuebles, entre otras cuestiones pertinentes.
En diálogo con el representante legal de la Comuna de Oliveros, Dr. Sebastián Darrichón, aseguró que el gobierno local jamás recibió una información oficial sobre la obra ni quien eran los encargados de llevarlas a cabo.
Sobre el particular destacó, “Oliveros se ve muy beneficiado con esta obra y quiero destacar la impronta que le dio el gobernador Pullaro a la misma, porque incluye a nuestra localidad dentro de lo que es el Cordón Agroexportador y es muy importante para todos los vecinos, pero dentro de la ley todo, fuera de la ley nada y desde la comuna no podemos incurrir en los incumplimientos de los deberes de funcionario público por no pedir la documentación correspondiente. Lo que estamos haciendo es que se cumpla con la normativa legal provincial y comunal, estamos pidiendo respuesta y comunicación que a la comuna nunca llegó, nunca fuimos notificados de cual era la empresa, cual iba a ser su proceder, como iba a ser la afectación catastral, cosas que parecen sencillas pero no lo son”, aseguró.
Un tema que tiene preocupados al gobierno comunal y también a los vecinos pasa por la cuestión limítrofe. “El límite de Oliveros es la ruta 91, con la modificación de la traza, ¿pierde distrito Oliveros, no lo pierde?, son cosas que queremos saber”, relató el asesor legal.
En virtud de lo expuesto, el Juez de Faltas de la comuna, Federico Martínez y en uso de sus facultades se apersonó en las instalaciones del obrador de la empresa Vialagro, pidió documentación, se notificó fehacientemente y procedió a la clausura de la misma hasta tanto no se tenga conocimiento de la papelería legal requerida.
A primera hora del día de hoy, la comuna mantuvo una reunión con personal del Área Técnica de Legales de Vialidad Provincial que se hizo responsable de parte de la situación, aunque reconoció que la empresa contratista debe presentar ante la comuna la documentación porque se encuentra expresamente asentado en el pliego de la licitación.
“Estamos actuando conforme a derecho hace más de 60 días, no fue una medida sorpresiva, no fue una medida desafortunada, no provoca un perjuicio a la circulación actual de los camiones, no provoca congestionamiento de los camiones porque no hay circulación hoy por ese camino y además de la irregularidad de la documentación que no se presentó en la comuna hay un montón de cosas que no fueron resueltas todavía. La licitación tiene un plazo de obra de 14 meses, con cualquiera de las personas involucradas en el desarrollo de la obra, le preguntas si es posible terminarla en ese plazo y te dicen que no. No empezaron con los puentes y hay dos previstos, uno que pasa por sobre la ruta 11 y el ferrocarril y otro, el más largo, que pasa sobre el Río Carcarañá y sabiendo que el dueño del campo donde tiene que pasar, no quiere sabe nada”, aseguró Darrichón, para finalizar fustigando que, “se castiga desde la opinión pública a los que hacen lo que tienen que hacer, pero cuando analizas y se ve el trasfondo de lo que está ocurriendo se esta actuando conforme a derecho”.
Las autoridades comunales en la mañana de hoy pudieron acceder en forma oficial a la carpeta y desmienten los dichos del titular de Vialidad Provincial, Pablo Seghezo quien sostuvo en algunos medios que no había comunicación con el presidente comunal Martín Calori, dado que el 8 de mayo el propio Calori se comunicó con Seghezo vía telefónica y quedaron en encontrarse el miércoles siguiente para evacuar todas las dudas, viajó, esperó y fue atendido por Benjamín Genetti, quien expresó que a la brevedad se iban a poner en contacto nuevamente y eso nunca ocurrió, aseguraron desde el gobierno comunal.
Debido a todas las idas y vueltas que provocó la clausura de la obra por parte de la Comuna de Oliveros, en la jornada de hoy, Vialidad Provincial envió una nota a la empresa contratista para que en el plazo de diez días hábiles presente la documentación requerida por las autoridades comunales.
Atento a este requerimiento y mostrando buena voluntad, la Comuna de Oliveros levantó la clausura por el plazo establecido y desde mañana se reinician las obras en el denominado Desvío Puente Giardino.