La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, y el subsecretario de Legal y Técnica de la cartera, Juan Pablo Gutiérrez, brindaron este jueves una conferencia de prensa con el objeto de brindar precisiones sobre los 11 trabajadores del Hospital Iturraspe de la ciudad capital que fueron cesanteados por irregularidades graves cometidas en la gestión de fondos públicos, a partir de una investigación administrativa llevada adelante, además de una causa judicial abierta.
“Gracias al impecable trabajo de la Subsecretaría Legal y Técnica y de Fiscalía de Estado se llevó a cabo este proceso con la transparencia que ameritaba y pudimos arribar a este resultado final. Para que quede claro: esto fue un robo a las arcas del Estado -y a los demás empleados del efector- en un monto superior a los 38 millones de pesos que, actualizado al día de hoy, estaría superando los 100 millones de pesos. La investigación continúa abierta por si surgen nuevas derivaciones del caso”, añadió la funcionaria.
Luego, la ministra de Salud indicó que por cuestiones de salud, “una de las personas investigadas no pudo asistir a la correspondiente instancia de defensa, lo cual no implica que quede desafectada del proceso de la investigación; otra, al recibir el depósito de los fondos de manera irregular, denunció el hecho a la administración del efector; y está el caso de una reemplazante que tampoco está dentro de las personas cesanteadas”, mencionó.
En ese marco, Ciancio destacó “el compromiso de la dirección y del personal del Hospital Iturraspe, que permitieron que se siguiese trabajando normalmente y prestando los servicios necesarios a los usuarios”. Y recordó que “el gobernador Pullaro me instruyó que trabajemos fuertemente en el sistema de recupero de los hospitales, no solamente en lo que refiere a posibles irregularidades cometidas, sino a asegurar que los fondos vuelvan a los trabajadores”.
Asociación ilícita y malversación de fondos
Por su parte, el subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez, brindó detalles técnicos del proceso de investigación y sus posibles derivaciones. “La operatoria utilizada por estos empleados se inició a partir de un porcentaje del recupero que se divide entre los trabajadores. Una vez que se hacían los controles pertinentes para saber a quiénes les correspondía ese monto, modificaban datos personales y de los CBU, lo cual provocaba que ese dinero no les llegara a quienes correspondía. Esta modalidad comenzó a partir de 2020”, consignó.
Respecto de cómo prosigue el curso administrativo y legal del proceso, el funcionario aclaró que los involucrados en el delito “pueden recurrir el decreto firmado por el gobernador y la ministra, y se agota la vía administrativa. También pueden iniciar acciones legales y presentar los recursos que consideren necesarios; en este caso, la Provincia se defenderá en función de lo que ya fue probado en lo administrativo y penal, donde el Ministerio Público de la Acusación está siguiendo la causa. Además, estamos analizando si nos vamos a presentar como querellantes, tal cual lo hicieron trabajadores a los que les correspondía ese dinero. Este fue un caso de asociación ilícita donde hubo malversación de fondos, porque se trata de recuperos de parte del Estado”, concluyó Gutiérrez.