Con este título el Partido Justicialista de Santa Fe salió a sentar su postura sobre el Mensaje Nº 5115 del 28 de agosto de 2024, que el Poder Ejecutivo Santafesino envió a la Legislatura a fin de darle tratamiento y posterior debate, con el fin de llevar adelante la tan anunciada Reforma Previsional en la provincia.

La primera es la declaración de la emergencia en materia previsional. Con respecto a esta propuesta debemos ser claros y contundentes: la declaración de emergencia requiere una situación de carácter excepcional que ponga en serio riesgo la continuidad del sistema, el cumplimiento efectivo de las obligaciones estatales y un contexto que requiera medidas extraordinarias.

Ninguna de estas condiciones está presente en la situación actual. El mejor ejemplo es la presentación oficial de los números consolidados de las finanzas provinciales durante el primer semestre de 2024, equivalentes a un resultado positivo de 160.311 millones de pesos para la Provincia de Santa Fe.

Asimismo, se puede afirmar que la Caja de Jubilaciones de la Provincia tiene números razonables referidos tanto a la cantidad de jubilados y pensionados como al número de aportantes. Esto da cuenta que la gestión a través de las diferentes administraciones ha sido racional y equilibrada. El mayor inconveniente que encuentra este organismo previsional es la falta de cumplimiento del Gobierno nacional para con los recursos que debe aportar de acuerdo a los estipulado en el traspaso de las cajas previsionales provinciales al Estado Nacional. El Gobernador elige meterle la mano en el bolsillo a trabajadores activos y pasivos en lugar de reclamar al Gobierno Nacional los recursos que le corresponden a nuestra provincia por Ley.

Recorriendo cada artículo de este Mensaje subyace la clara intención de un gobierno que solo toca los números en perjuicio de los trabajadores activos y pasivos. No hay índice, porcentaje, alícuota o cantidad de años de aportes que los beneficie. Todo lo contrario, son la mayor variable de ajuste.

Este es un proyecto que lesiona fuertemente los derechos de los trabajadores como aquellas fórmulas, que comienza con una declaración de emergencia previsional y establece «aportes solidarios» que no sólo impactarán sobre los activos, sino que avanza con un fuerte recorte sobre los magros ingresos de jubiladas y jubilados.

Se pretende modificar la movilidad, el cálculo del haber y el derecho a pensión y se ataca el régimen opcional docente decretando el fin del 82%. Si este proyecto avanza con la aprobación de estos flagrantes cambios, las y los trabajadores y jubilados que verán afectada gravemente sus condiciones de vida y lesionados derechos fundamentales.

Otro aspecto preocupante del mensaje lo constituye la delegación de facultades legislativas previstas en su artículo 49, donde el Poder Ejecutivo Provincial pretende atribuirse la facultad para incrementar las edades para acceder a los beneficios jubilatorios, en caso de que tal medida sea dispuesta por el Gobierno Nacional sin pasar por la Legislatura Provincial.

Necesitamos un Gobierno Provincial que demuestre audacia y firmeza para reclamar a la Nación los fondos que nos deben a los Santafesinos. Ahora, pretender colocar como variable de ajuste a los trabajadores y jubilados es un acto de total injusticia que denota cobardía y falta de creatividad.