El autor iniciativa es el diputado Carlos del Frade quien también le requiere al Ejecutivo Provincial informes sobre si se cuenta con Inventario Criminal de bandas narco y si se tomaran recomendaciones de la Justicia en detenciones a personas para averiguación de antecedentes.

Los graves hechos de tortura denunciados por parte del Servicio Público de la Defensa Penal en marzo pasado en la carcel de Piñero no han sido archivados por el diputado Carlos del Frade quien vuelve a poner el tema en agenda al ingersar un proyecto en la Cámara de Diputados provincial tomando como base los dichos de la secretaria de Asuntos Penales, Lucia Masneri a un medio periodísitico local

Del Frade le pide directamente al gobierno de Pullaro que responda y explique los términos vertidos por la secretaría Masneri, en la nota publicada el domingo 8 de septiembre de 2024 en el diario “Rosario/12”, en la que sostiene que los hechos denunciados como torturas de parte del Servicio Público de la Defensa Penal en marzo pasado en el penal de Piñero y corroborados en por lo menos 158 personas detenidas, tuvieron como origen una “requisa profunda”, “una sumatoria de medidas” y que “la investigación fiscal no da lugar a poder comprobar a ciencia cierto esto”.

En tal aspecto, el diputado del Frente Amplio por la Soberanía “es fundamental explicar” qué significa una requisa “profunda”, cuál es el elemento que determina que “se saquen objetos a veces”, qué se entiende por “sumatoria de medidas” y más allá de los resultados de la “investigación fiscal”, qué “fue lo sucedido para que 158 personas tuvieran lesiones” constatadas por el Servicio Público de la Defensa Penal.

Ahora bien, recordemos que el Servicio Público de Defensa Penal informó que entrevistó y examinó a un total de 203 internos en los pabellones 7 y 8 de la Unidad 11 de Piñero, en marzo de 2024.

De los entrevistados, unos 184 de ellos manifestaron haber sido agredidos en fecha 2 de marzo de 2024 y a 158 se le constataron lesiones. “Todas las lesiones constatadas a fecha 8 de marzo de 2024 cuentan con una antigüedad entre 5 a 7 días. Y las corroboradas en fechas 12 de marzo y 13 de marzo se ubican en un plazo mayor a siete días o entre 9 y 13 días”, según el informe del organismo judicial

Como respuesta a dicho informe, la secretaria Masneri indicó -el domingo 8 de septiembre de 2024, al diario “Rosario/12”, que “fue una requisa profunda y con esto quiero decir que se retiraron muchos objetos, más allá de las requisas que hacemos regularmente, que no en todos los casos amerita retirar algunos objetos. En este caso, atento a lo que había ocurrido y que los presos de alto perfil allí alojados estaban recientemente trasladados a esos dos pabellones, se retiraron objetos”. “Nosotros entendemos que eso puede haber molestado, el retiro de objetos, el control de la línea de teléfono, el no permitir que sigan evadiendo las medidas. Porque ese 2 de marzo fue una sumatoria de medidas, ya habíamos empezado a poner muchas medidas de control antes”.

Asimismo en la nota en el medio local, la secretaria de Asuntos Penales manifestó que, “La investigación fiscal no da a lugar a poder comprobar a ciencia cierto esto”, en relación a posibles torturas que fueron denunciadas por internos de la Unidad Penitenciaria número 11”, según se lee en la misma

En tal sentido, Del Frade le exige un informe al Ejecutivo santafesino para saber qué “fue lo sucedido”, para que 184 detenidos tuvieran lesiones en la cárcel de Piñero en marzo pasado

INVENTARIO CRIMINAL DE BANDAS NARCO

En tanto, el diputado provincial -en otro proyecto también recientemente presentado en la Legislatura- le requiere al Ejecutivo provincial otro informe detallando si las diferentes agencias del Ministerio de Seguridad y Justicia cuentan con un “inventario criminal de las organizaciones que se dedican al tema del narcotráfico” y cuál es la evaluación del gobierno provincial en torno a la “depuración de la policía”.

Para la presentación de la iniciativa, el legislador tomó conceptos vertidos por la ex fiscal contra el crimen organizado de Medellín, Colombia, Claudia Carrasquilla Minami, en su reciente visita a la ciudad de Rosario.

Concretamente, el lunes 9 de septiembre pasado , la actual concejala de Medellín afirmó que “si no se depura la policía no vamos a poder combatir el crimen”, porque las organizaciones narco “lo que mejor que tienen es esa alianza” con las fuerzas de seguridad.

Asimismo añadió que “no sólo es la policía, también los jueces, los fiscales, y la misma policía. Si no se depura, para crear unas investigaciones de transparencia policial, pues no vamos a poder combatir el crimen, porque lo mejor que ellos tienen es esa alianza con la policía”.

En esa línea, la actual concejala de Medellín dijo que “si no la tuvieran no podrían crecer y persistir en el negocio”, y recordó que, como ha sucedido en la mayoría de las causas seguidas por el MPA rosarino, en Colombia “en cada investigación contra el crimen organizado había de 10 a 15 policías al servicio de ella”.

“A partir de estas afirmaciones es fundamental conocer, si las diferentes agencias del Ministerio de Seguridad y Justicia cuentan con un inventario criminal de las organizaciones que se dedican al tema del narcotráfico” y cuál es la evaluación del gobierno provincial en torno a la depuración de la policía”, señaló el diputado

DETENCIONES POR AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES

En la misma línea de reclamos Del Frade anexó un tercer pedido al gobierno de Pullaro a raíz de constantes detenciones de agentes policiales a personas por averiguación de antecedentes.

El diputado quiere saber sobre “cuál será la medida a adoptar de su gobierno”, luego de la recomendación del juez Rafael Coria de dictar protocolos a fin de unificar las prácticas de las facultades otorgadas al personal policial en la normativa de detención por averiguación de antecedentes, capacitación permanente del personal y que se evalúe la implementación de tecnología que permita la identificación en el lugar sin la necesidad del traslado a dependencias policiales.

En ese sentido, el legislador anexó en su proyecto lo informado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal donde se señala que durante la última quincena de julio y la primera semana del mes de agosto se había registrado 876 personas demoradas, en 385 casos la policía no aclaró el motivo del arresto y 86 de los detenidos estaban en situación de calle.

Sobre dicha situación, el juez Rosarino Rafael Coria rechazó la inconstitucionalidad del artículo 10 y el hábeas corpus colectivo “por no verificarse el presupuesto de amenaza actual de la libertad ambulatoria”. Sin embargo recomendó “dictar protocolos a fin de unificar las prácticas de las facultades otorgadas al personal policial en la normativa analizada, fundamentalmente para que las actas sean completas, legibles y circunstanciadas”.

Apuntó a la “capacitación permanente del personal policial” y que “se evalúe la implementación de tecnología que permita la identificación en el lugar sin la necesidad del traslado a dependencias policiales” y que se desarrolle “una base de datos que contenga toda la información relevante relacionada al artículo 10 bis”.

También sugirió “acciones de carácter asistencial para las personas que se verifique que se encuentran en situación de calle”.

“A partir de dichas recomendaciones es fundamental saber qué medidas tomará el Ministerio de Seguridad, la Justicia y la policía provincial”, reiteró Del Frade