Durante 2024, Argentina registró más de 355.000 accidentes laborales y enfermedades profesionales, con un saldo de 231 trabajadores y trabajadoras fallecidos, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las cifras revelan una problemática estructural que sigue sin resolverse: la salud y seguridad en el ámbito laboral continúan siendo una asignatura pendiente en el país.

En este contexto, el próximo 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una fecha instaurada en 2003 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover entornos laborales seguros, saludables y dignos, y recordar a las víctimas de accidentes y enfermedades ocupacionales.

Una crisis global, con fuerte impacto local

A nivel mundial, las estadísticas son igualmente preocupantes. La OIT estimó en 2023 que cada año mueren casi 3 millones de personas por causas vinculadas al trabajo. De ese total, más de 330.000 fallecimientos corresponden a accidentes laborales, mientras que alrededor de 2,6 millones son consecuencia de enfermedades profesionales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y afecciones respiratorias.

Además, se reportan anualmente unos 160 millones de casos de enfermedades laborales, con una incidencia considerablemente mayor en varones (51,4 por cada 100 mil adultos en edad laboral) en comparación con mujeres (17,2).

Los sectores más afectados a nivel global —y también en Argentina— son la agricultura, la construcción, la pesca, la silvicultura y la industria manufacturera, considerados los más peligrosos por la OIT.

La situación en Argentina: subregistro, precariedad e informalidad

En el país, uno de los mayores obstáculos para enfrentar esta problemática es el subregistro de enfermedades profesionales, impulsado por varios factores: la informalidad laboral, el temor a perder el empleo, la falta de reconocimiento por parte de las aseguradoras y los largos períodos de latencia de muchas enfermedades.

La tasa de informalidad laboral, según la SRT, se mantiene en torno al 40%, lo que limita el acceso a derechos laborales básicos y complica la identificación de enfermedades vinculadas al trabajo.

Aunque desde 2017 funciona el Observatorio de Enfermedades y Accidentes Laborales, aún hay una marcada escasez de datos. No obstante, en los últimos años, Argentina ha reforzado su participación en redes internacionales de monitoreo y prevención, y se espera que este año se lance el Registro Nacional de Silicosis, una de las patologías ocupacionales más prevalentes en regiones mineras como San Juan, Jujuy, Catamarca y Salta, así como en industrias que trabajan con mármol y cuarzo.

La Silicosis es una enfermedad pulmonar crónica e irreversible, provocada por la inhalación de polvo con sílice cristalina. Esta sustancia, presente en materiales como la arena, el granito o la piedra, produce inflamación y cicatrización pulmonar, lo que reduce progresivamente la capacidad respiratoria.

La falta de legislación agrava el problema

Otro punto crítico es la ausencia de una legislación nacional que habilite la creación de delegados de prevención y comités mixtos de salud y seguridad. Esta carencia dificulta tanto la implementación de políticas preventivas como la fiscalización en los entornos laborales.

Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) advierten que las enfermedades y accidentes laborales “pueden y deben ser evitados”, y subrayan la importancia de realizar controles médicos y ambientales periódicos, como la medición de partículas respirables en los espacios de trabajo.

Enfermedades como la Tuberculosis, Silicosis, Asma ocupacional, EPOC, neumonitis por hipersensibilidad, Fibrosis y cáncer ocupacional son prevenibles si se aplican las medidas adecuadas, aseguran desde la entidad médica.

Un llamado urgente a la acción

La salud de las personas trabajadoras no puede seguir siendo invisible. Garantizar condiciones laborales dignas, seguras y saludables es una responsabilidad colectiva que exige compromiso estatal, empresarial y sindical. La prevención, la educación y el monitoreo riguroso deben convertirse en pilares de una nueva política de salud laboral en Argentina.